Se revisa el argumento por el cual el control constitucional de la legislación aprobada por cuerpos electos popularmente, basado en la autoridad de jueces que se sitÚan en una posición de preeminencia sobre los otros poderes del Estado, es contrario a la democracia. Tomando el argumento de Jeremy Waldron como referencia central, el autor discute algunas de las premisas sobre las cuales la objeción democrática se elabora. Sostiene que una separación entre la noción de supremacÍa constitucional y la idea de interpretación judicial final (y por tanto, suprema) permitirÍan construir un modelo que supere el problema democrático. El autor revisa algunas alternativas proporcionadas por diseños institucionales, y los sitÚa dentro de la tradición jurÍdica europea continental para concluir que el debate acerca de la legitimidad democrática de la justicia constitucional es una discusión dinámica cuyo fundamento depende del movimiento de algunas variables especÍficas que el autor propone.