La Iglesia y las confesiones religiosas nacen a la vida del Derecho a objeto de propagar una determinada imago mundi, de acuerdo a su ideario. Dicha inserción dentro del sistema jurídico provoca una serie de efectos que obligan a identificar con claridad su ámbito de autonomía constitucionalmente reconocido. Ello ocurre, por ejemplo, en lo que respecta a las vinculaciones que se producen a raíz de los servicios que distintas personas prestan a las entidades religiosas. En algunos casos, dichos servicios se explican principalmente por una adhesión al ideario religioso de la entidad sin que sea posible advertir una relación contractual propiamente dicha. En otros, surge derechamente un vínculo jurídico de trabajo regido por las normas del ordenamiento estatal.