El derecho penal internacional y el derecho estatal de varios países han desarrollado nuevas formas de atribuir responsabilidad penal a quienes, sin ejecutar directamente los crímenes, se han vinculado de alguna forma con el grupo u organización en cuyo seno se han cometido. El derecho chileno desconoce algunos de estos desarrollos, con lo cual su "capacidad de rendimiento" podría ser menor a la de aquellos otros ordenamientos. Esta conclusión, con todo, solo puede extraerse con seguridad mediante un análisis jurídico comparado, desde una perspectiva funcional. El artículo precisamente da inicio a un análisis de ese tipo, identificando y examinando los principales desafíos metodológicos que impone, y advirtiendo también sobre la necesidad de evaluar críticamente esas nuevas formas de atribuir responsabilidad penal, desde el punto de vista de importantes principios del derecho penal.