El presente trabajo tiene por finalidad responder a la pregunta acerca de la carga de la prueba en los procedimientos de reclamación ambiental en el marco de la ley 20.600, que crea los Tribunales Ambientales. Para esta finalidad se explora, en primer término, la función y extensión de la prueba en estos procedimientos jurisdiccionales, para luego exponer posibles criterios de asignación de la carga de la prueba. El autor resuelve que los criterios que podrían esgrimirse no resultan adecuados para el conflicto y complejidad de la materia. Se finaliza el trabajo postulando una regla que permita, por un lado, conjugar la presunción de la legalidad de los actos administrativos y el deber de la Administración de justificar y motivar sus decisiones; y por el otro, con la exigencia de fundamentación de la reclamación que pesa sobre el administrado