La reforma a los procedimientos judiciales ha supuesto cambios fundamentales en nuestro sistema probatorio; se ha pasado de un sistema de prueba legal a un sistema en donde predominan los principios de la libertad de prueba y la sana crítica. Estos suponen que el ejercicio de valoración de la prueba por parte de nuestros tribunales adquiere características y requisitos distintos, primordialmente se exige un análisis específico y concreto entorno al valor probatorio que le dio el juez a un determinado medio de prueba y qué razones lo apoyan. Esto difiere de lo que se espera de los jueces en el sistema del Código de Procedimiento Civil, en donde el análisis es más matemático y abstracto. El documento se centra en mostrar cómo, a pesar de que en materia de Tribunales de Familia se consagra el principio de la libertad probatoria y la sana crítica, existe jurisprudencia que muestra que aún los jueces aprecian las pruebas según la lógica del sistema de la prueba legal, método que no es compatible con los principios aludidos. Para fundamentar mi opinión me centro en dos tópicos: la utilización de criterios abstractos y generales para evaluar la credibilidad de testigos y la tendencia a exigir prueba cien por ciento indubitada para determinar la procedencia de un divorcio por culpa.