Uno de los aspectos más problemáticos del estudio de los denominados "delitos contra la función pública" alude a su clasificación como delitos en que se exige una calidad especial al sujeto activo, la de "funcionario público". En el presente trabajo se somete a examen el rendimiento de las diversas respuestas que se han dado en la doctrina chilena a los casos en que existe más de un partícipe (supuestos de codelincuencia), reuniendo uno (o más) de ellos la característica especial exigida por el tipo penal y otro (u otros) que no la poseen. Se postula que ninguna de las diferentes posiciones dogmáticas soluciona los problemas que plantea la comunicabilidad. Y como consecuencia de esto, se cree que la solución debe encontrarse en una reforma consistente en un establecimiento de una regla de determinación de la pena en la Parte General que obligue o faculte al juez a rebajar la pena al extraneus.