Este trabajo es una revisión, a la luz de nuestra jurisprudencia, de las normas que permiten que distintas autoridades puedan ordenar que una actividad productiva sea "trasladada" o "retirada" de un lugar, por los problemas o riesgos generalmente ambientales que causa o implica su operación. Se precisa, en cada caso, la autoridad competente para dictar esta orden, los requisitos que debe cumplir, los plazos involucrados y la posición en que queda el afectado con la medida. Además, se analiza la forma en que esta función de las autoridades municipales o sanitarias para ordenar el "traslado" o "retiro" de una industria compromete el derecho a una "calidad de vida" de la población afectada.