Después de la Guerra de los Seis Días en 1967, el Estado de Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Tras su ocupación, se establece un gobierno militar que tiene la potestad de hacer cambios legislativos en virtud de mantener el orden y la seguridad en la región. Sin embargo, la autorización del gobierno de Israel de construir asentamientos judíos dentro del territorio palestino, ha repercutido a nivel social y económico en la región. La hipótesis de este artículo es que estas modificaciones no siempre han favorecido a la población civil, porque crean una legislación dual: una para los habitantes de la región palestina y otra, para la población residente en los asentamientos judíos.