En este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de la etapa intermedia del procedimiento penal ordinario, adecuados controles procesales acerca del obligatorio ejercicio de la acción penal según la legalidad sustantiva que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado múltiples, extendidos e importantes espacios para el abandono o degradación de su ejercicio de manera discrecional, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal.