En el presente artículo se propone un estudio sobre el control de la corrupción en Brasil, entendido tal control como un mecanismo de concretización de valores del Estado Democrático de Derecho contemplados, explícita o implícitamente, en la Constitución Federal de 1988. El nuevo paradigma es denominado como dimensión garantía, en función del cual el control de la corrupción dejaría de ser una simple forma de limitar la actuación del Estado para ser concebido como una herramienta de realización de los derechos fundamentales. De esto surge el problema de si los órganos federales de control de la corrupción en Brasil, el Tribunal de Contas da União (TCU) y la Controladoria Geral da União (CGU), actúan en el sentido de permitir que se efectivice esta dimensión. A los fines de responder esta cuestión se presentan, primeramente, los presupuestos teóricos de la actividad de control partiendo del enfoque de la dimensión garantía. En la segunda parte, el análisis del tipo descriptivo con el objetivo de abordar el funcionamiento del TCU y de la CGU, así como de verificar si tales órganos dejan espacio para que la sociedad civil realice el control de la corrupción.