Este artículo presenta un estudio sobre las consecuencias del sistema nacional de evaluación de profesores basado en estándares de desempeño profesional, implementado en forma obligatoria en Chile desde el año 2005. El foco de la investigación se encuentra en las consecuencias tanto esperadas como no esperadas de la evaluación a nivel municipal, en la que se esperaba que ésta informara la contratación y despido de profesores, el desarrollo profesional docente y las acciones de reconocimiento. Las consecuencias fueron examinadas por medio de entrevistas a diecinueve autoridades comunales del área educacional en diez comunas. Los resultados indican que la evaluación ha alcanzado parcialmente la mayoría de sus objetivos, principalmente como insumo para el reconocimiento de los docentes mejor evaluados, la entrega de apoyo para aquellos que presentan debilidades, el uso de resultados en la toma de decisiones a nivel local y la promoción de colaboración entre pares. Se reportan también importantes consecuencias no esperadas, tales como el cuestionamiento de la legitimidad del sistema de evaluación y la resistencia de los profesores a participar en la evaluación.