El texto tiene por finalidad analizar la relevancia que adquiere para la educación pública instalar una nueva institucionalidad, lo que se ha denominado una nueva arquitectura para el sector, que dé cuenta de las principales dificultades y limitaciones que ha presentado en más de tres décadas de funcionamiento, tras la reforma del año 1981 que sentó las bases de la institucionalidad vigente y de los problemas que acusa, marginalmente resueltos por la Ley General de Educación del año 2009. Entendiendo que esta cuestión reviste un carácter estratégico, después de identificar los puntos claves del diagnóstico, se revisan las propuestas desplegadas en el Informe del Consejo Asesor para la Calidad, y los debates que se han generado a partir de esta y las modalidades propuestas, finalizándose con la revisión de algunos de los tópicos críticos fundamentales que viabilizan los impactos de la instalación de la nueva institucionalidad.