En 1982 el sector vitivinícola argentino vivía una profunda crisis de sobreproducción vínica. El Estado, como ente regulador, sanciona una serie de leyes destinadas a regular las actividades del sector, aplicadas a través del Instituto Nacional de Vitivinicultura, encargado de instruir al sector vitivinícola sobre el envasamiento en origen y sus beneficios. El Estado Provincial, por su parte, crea una Comisión encargada de redactar un proyecto de ley sobre el Fraccionamiento en origen, integrada por cámaras, federaciones, secretarías de gobierno y asociaciones vinculadas directamente con la vitivinicultura. Entre las ventajas brindadas por el Estado provincial a las Bodegas adheridas se cuenta la reducción de tarifas energéticas, desgravación impositiva, descuentos sustanciales en utilización de agua corriente y créditos a largo plazo para los envasadores en origen, más el otorgamiento de predios de propiedad del Estado para el asentamiento de plantas de fraccionamiento, especulando así con la llegada de grandes instalaciones industriales que ocuparían a gran cantidad de mano de obra que se encontraba desocupada en ese momento