En un sistema de libertad económica como el que propugna la Carta Polírica de 1980, la intervención del Estado en la economia debe estar especialmente justificada. En ese sentido, regular los precios que las empresas privadas cobran por los servicios de utilidad pública sólo es si este mecanismo se hace necesario, a fin de asegurar determinadas garantías que los ciudadanos exigen como contraparte de la privatización de los servicios públicos, otrora en manos de1 Estado, y hoy privatizados.