Al no existir sentencia judicial que se pronuncie sobre los hechos que motivan la sanción, no resulta lícito que esta última se haga efectiva y exigible desde ya y compulsivamente a través de un "apremio", que por demás consiste en una verdadera pena privativa de libertad impuesta por vía administrativa(Considerando 19°). El principio de presunción de inocencia es concreción de la dignidad de la persona humana y del derecho a la defensa efectiva en el marco de un procedimiento justo y racional (Considerando 33°).