La igualdad ante la ley supone analizar si la diferenciación legislativa obedece a fines objetivos y constitucionalmente válidos. De este modo, resulta sustancial efectuar un examen de racionalidad de la distinción;  lo que debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad. Teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la finalidad de la ley y los derechos afectados (Considerando 12°).