El presente trabajo tiene por objeto analizar la situación chilena tras la dictadura de Augusto Pinochet en materia de Justicia Transicional, en el entendido que para alcanzar una real transición a la democracia aún existen asignaturas pendientes, como son los procesos penales y las reformas a la judicatura militar. En este sentido, cobra importancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha impuesto una serie de obligaciones al Estado chileno en esta materia, por lo que paulatinamente se ha ido aceptando la revisión de los pronunciamientos de los Consejos de Guerra por los hechos acaecidos entre 1973 y 1990. Para justificar esto, se ha instaurado la figura de la cosa juzgada fraudulenta, ya que así es posible revisar sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada cuyo único objetivo era garantizar la impunidad de autores de violaciones a derechos humanos durante el régimen militar.