Los sistemas jurídicos occidentales contemporáneos poseen como una de sus características esenciales el que el poder legislativo recaiga en las Cámaras representativas elegidas por sufragio.Estas son las encargadas de aprobar las diversas leyes que, con ánimo de generalidad, regulen las distintas materias que afectan a la sociedad. Sin embargo, en ocasiones extraordinarias, el poder ejecutivo goza de la prerrogativa de aprobar normas reglamentarias con fuerza de ley. De modo progresivo tanto el Gobierno central como algunas Comunidades Autónomas españolas han recurrido cada vez más a esta figura, soslayando así las funciones del Parlamento, lo que desdibuja la necesidad de acudir a este tipo de normas reglamentarias en casos excepcionales. En este trabajo se analizará el caso español mostrando ejemplos concretos.