This paper examines the role of the Comptroller-General Office during Pinochet’s dictatorship from the military coup to its entrenchment into the Constitution of 1980. Against the traditional stance that identifies continuity in the relationship between the Comptroller-General Office and the Military Board, this paper argues that three stages can be identified in this period. Initially, this legal institution had a collaborative role in the Board’s outset. Comptroller Humeres and his officials adviced the Military Board and refused to exert a strict legality review of the new regime’s measures. However, progressively the Comptroller-General Office had significant clashes with the military. Indeed, in a second stage, the military regime showed visible hostility to the office, that had its peak in the controversial replacement of Comptroller Humeres in 1978. This second stage is also evidenced by the discussion about the regulation of the Comptroller-General Office in the new 1980 Constitution. Lastly, as a reaction to the government’s hostility, the institution fell back and avoided new clashes with the authoritarian regime. Under a new direction, the office adopted the timid attitude that characterized it in the 1990s.Este trabajo examina el rol de la Contraloría General de la República durante la dictadura de Pinochet desde el golpe militar hasta su incorporación en la Constitución de 1980. Contra la visión tradicional que identifica una continuidad en la relación de la Contraloría General y la Junta de Gobierno, este trabajo argumenta que se deben identificar tres etapas en este período. Inicialmente, esta institución jurídica tuvo un rol de colaboración en la instalación de los militares. El contralor Humeres y sus funcionarios asesoraron a la Junta y rehusaron efectuar un control de legalidad estricto de las medidas del nuevo régimen. No obstante, progresivamente, la Contraloría tuvo importantes desencuentros con los militares. En efecto, en una segunda etapa, el régimen militar mostró una notoria hostilidad con la Contraloría que tuvo su punto más alto en el controversial reemplazo del contralor Humeres en 1978. Esta segunda etapa también se evidencia en la discusión sobre la regulación de la Contraloría General en la nueva Constitución de 1980. Por último, como reacción a la hostilidad del Gobierno, la institución se replegó y evitó nuevas confrontaciones con el régimen autoritario. Bajo una nueva jefatura, la Contraloría adoptó la actitud tímida que la caracterizó en el retorno a la democracia.