El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos. España, adoptando las recomendaciones del GAFI y a partir de lo dispuesto en las directivas comunitarias existentes en la materia, considera a los abogados, bajo ciertas circunstancias, como sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, "la Ley").