El trabajo busca ofrecer una respuesta fundada a una interrogante que surge ante la posibilidad de iniciar investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Chile, que, como otros países, ha adoptado una implementación modificatoria de los crímenes de lesa humanidad, sin que la noción de ataque contra una población civil se defina expresamente en la ley de implementación: ¿qué actos cuentan para determinar la existencia de un ataque contra una población civil de acuerdo a la Ley Nº 20.357? Esta cuestión se analiza aplicando los criterios generales de interpretación y tomando como referencia al derecho chileno. Como resultado principal se afirma que para que exista un ataque típico, deben probarse uno o más actos de los descritos en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma, que (si son varios, en conjunto) se dirija(n) contra una población civil o afecte(n) a un número considerable de personas, y que responda(n) a una política ya sea de un Estado; de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control que les permita realizar operaciones militares; o de grupos organizados que detenten un poder de hecho que favorezca la impunidad de sus actos.