El presente trabajo procura establecer la naturaleza jurídica de las facultades asignadas al Servicio Nacional del Consumidor, a partir del análisis de la sentencia del 18 de enero de 2018 del Tribunal Constitucional, la cual se pronunció acerca del Proyecto de ley, que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. El método empleado se encuentra referido al análisis de las diversas teorías propuestas en la doctrina nacional y comparada y de la evolución jurisprudencial sobre el tema, para determinar los criterios que permitan distinguir entre las funciones administrativas y jurisdiccionales. Aplicaremos tales criterios generales a las normas que establecían facultades de multar a los proveedores, de mediación y a las potestades de imperio. Como resultado encontraremos que algunas de las facultades atribuidas al órgano administrativo fueron calificadas erróneamente por el Tribunal Constitucional como de carácter jurisdiccional.