Cada vez que ocurre un hecho inesperado y catastrófico en Chiloé, se cuestiona la capacidad de respuesta del Estado y gana notoriedad la demanda de transformación de la provincia de Chiloé en una nueva región. Tal demanda parece responder a la idea de que Chiloé es una comunidad relativamente homogénea con intereses comunes y que la isla se beneficiaría si pudiera administrar sus propios recursos y definir sus prioridades, sin la presencia generalizada del “poder central”. En ocasiones, esta demanda surge de organizaciones de base como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Ancud, mientras que en otras ocasiones es planteada por representantes políticos comunitarios como alcaldes o parlamentarios. En este artículo se cuestionará la vigencia de la demanda, es decir, en qué medida el archipiélago constituye una comunidad, y cómo la instalación del aparato administrativo del Estado puede significar una mayor autonomía en el territorio.