El trabajo problematiza la procedencia y el empleo del test de interés público por parte del Consejo para la Transparencia, a propósito de la ponderación entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la vida privada, en la perspectiva de la coherencia interna de la jurisprudencia administrativa de ese Consejo y en relación con el principio de proporcionalidad o con una de sus exigencias cuando se encuentra en juego el derecho a la intimidad. Asimismo, se destaca la omisión del Consejo en aplicar el aludido test cuando se está frente a “datos sensibles”, por lo que se propone un reforzamiento del sustrato normativo tanto constitucional como legal del principio de divisibilidad, que no padece las falencias que presenta el test de interés público y es un instrumento que permite satisfacer la transparencia de la función pública (derecho de acceso a la información) y el pleno respeto al contenido medular de los derechos fundamentales (los “datos sensibles”).