El principio 10 de la "Declaración de Río" de 1992 construido sobre la base de la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental, adquiere especial relevancia en la prevención de conflictos socio-ambientales y en el logro de un desarrollo sustentable. La judicialización del sector eléctrico chileno da cuenta de esta realidad, en un contexto normativo que evoluciona hacia la instalación de una justicia especializada en materia ambiental.