En este trabajo los autores analizan el problema de las bases constitucionales de la potestad sancionadora de la Administración, a partir de los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las críticas que se han formulado por parte de la doctrina. Se parte por la determinación del concepto de autotutela administrativa, estableciendo su real alcance, para luego afirmar que los principios de eficacia y eficiencia constituyen el fundamento que permite al legislador residenciar la sanción de estos ilícitos en el marco de la Administración del Estado, dentro de una política represiva que se construye sobre el principio de un Derecho penal subsidiario y de una actuación estatal oportuna.