El ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración del Estado en el ámbito ambiental es manifestación de la importancia que la protección del medio ambiente ha adquirido en la sociedad y de la asunción de la misma como función pública. El ejercicio de este poder se encuentra limitado tanto por los principios generales aplicables, pero además se somete a límites específicos al ámbito ambiental. Dichos límites pueden ser categorizados en tres clases: orgánicos, procedimentales y sustantivos. Todos ellos constituyen tanto un freno y un equilibrio al poder sancionador, y también una garantía para los particulares.