En el artículo se revisa y confirma el marcado carácter acusatorio del actual proceso penal chileno y su relación con su incidencia en la eficacia del principio de obligatoriedad de la acción penal que rige las actuaciones del Ministerio Público. Se desarrollan los corolarios de que una mayor intervención de los órganos jurisdiccionales para evitar las actuaciones de la Fiscalía desconocedoras de dicho principio de obligatoriedad, puedan acarrear consecuencias en la estructura acusatoria del proceso.