Las concesiones marítimas y de acuicultura recaen sobre la misma clase de bienes nacionales de uso público y, sin embargo, están sometidas a regímenes distintos. El artículo analiza los fundamentos de tales diferencias y si ellas cumplen con los parámetros de la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en materia económica. Concluye con una propuesta de adecuación de ambos regímenes en aquellas materias en que no se justifica el régimen diferenciado, con el fin de ajustar sus normas a las exigencias constitucionales.