En el artículo se analiza la utilización del distingo entre actos administrativos intermedios y finales como criterio para resolver recursos de protección ambientales fundados en la supuesta ilegalidad de actos del procedimiento de evaluación ambiental. Se analiza la aplicación del referido criterio y la argumentación que la sustenta a la luz del régimen jurídico de la acción de protección y de la interpretación que otros órganos del Estado hacen de los actos trámite.