El crecimiento de la acuicultura ha causado problemas ambientales difíciles de abordar desde la perspectiva tradicional de la regulación pesquera y la necesidad de controlarlos ha desafiado los pilares fundamentales de la intervención estatal en el ejercicio de la actividad económica. Nuevos instrumentos para ser utilizados en la regulación, como el enfoque precautorio y el ecosistémico, la planificación espacial y el crecimiento de la producción asociado al desempeño ambiental aparecen como alternativas que requieren un análisis acerca de su alcance desde la perspectiva de las limitaciones constitucionales que pueden ser impuestas a la actividad económica.