El artículo trata el punto de si las personas jurídicas imputadas por delito tienen derecho a no auto-incriminarse como lo tienen las personas naturales. El examen del estado permite verificar una tendencia mayoritaria hacia la negación de semejante derecho. Se estudia los alcances prácticos del posible reconocimiento de un derecho como el descrito, y se concluye que éstos son muy acotados, al punto que hasta quienes niegan la existencia del derecho podrían aprobarlos. Por último, luego de mostrar cómo esta lectura parece subyacer en regulaciones de países donde en general se admite la existencia del derecho, el trabajo toma posición sobre la situación en el derecho chileno.