Una línea constante y uniforme de jurisprudencia nacional reconoce al medio ambiente como un bien jurídico colectivo. Sin embargo, el sistema sectorial ambiental chileno solo recoge situaciones legitimantes de naturaleza individual. Esta imperfecta técnica legislativa ha comenzado a ser subsanada por los tribunales de justicia, que en conformidad con la doctrina chilena, han delineado los requisitos para que organizaciones no gubernamentales o juntas de vecinos accedan a los procedimientos ambientales.