Este artículo apunta a investigar la posibilidad de insertar criterios ecológicos en las distintas etapas de los procedimientos de contratación pública y a identificar hasta qué punto la incorporación de dichos requisitos es compatible con la normativa y los principios generales que rigen el ordenamiento de la Unión Europea, en particular modo con el principio de no discriminación y de igualdad de trato entre los licitadores. Se analizará en particular la nueva Directiva 2014/24/UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, bajo la normativa anterior, ha desarrollado varios criterios que siguen todavía vigentes.