A partir del reconocimiento constitucional de la diversidad cultural en México, las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas parecen tomar un cauce distinto a como habían venido configurándose, basadas en relaciones de poder y discriminación. No obstante, detrás del discurso multicultural se siguen reproduciendo representaciones sociales que otrora fueron legitimadas por las políticas indigenistas planteando retos para el cabal reconocimiento de derechos culturales. El presente artículo pretende evidenciar desde la experiencia del juzgado indígena de Cuetzalan, Puebla, cómo el proyecto estatal mantiene una misma intención: asegurar la permanencia del modelo monocultural de Estado, así como atender los nuevos imperativos internacionales de reforma estructural.