El reconocimiento constitucional de la diversidad cultural indígena en varios países de la región parece haber aparejado la irrupción de las periciales antropológicas en el sistema judicial: defensores privados y oficiales se muestran interesados en demostrar la inocencia de sus defendidos indígenas argumentando razones culturales. Por su parte los juzgadores comienzan a habituarse a la presencia de antropólogos que usando de su experticia les “traducen” en términos más o menos comprensibles quienes son y porque son como son los imputados indígenas. En otras ocasiones el conocimiento traducido se focaliza en los modos particulares de habitar y usar los recursos de la tierra por parte de las poblaciones indígenas con el fin de sustentar sus reivindicaciones territoriales. Este artículo se propone reflexionar sobre el valor del conocimiento antropológico en la justicia penal, el rol del antropólogo y el peso que en estos casos se otorga a una idea reificada de la cultura de los “otros”. En su desarrollo se analizan dos pericias realizadas por la autora del artículo.