La autora realiza un análisis crítico del fallo emitido por la Corte Suprema el año 2008, en relación a la responsabilidad del proveedor en caso de robos en estacionamientos de locales comerciales, pues sostiene que exigir la existencia de un contrato de consumo para hacer aplicable el artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor, implicaría exigir un requisito que el legislador no exige. A su juicio la protección al consumidor procede si existe una relación de consumo, la que puede tener origen tanto en una obligación contractual como legal.  Además, considera, que el otorgamiento de estacionamiento gratuito por parte de un proveedor, constituye un servicio dependiente de un contrato principal de consumo, en caso de que exista celebración de un contrato de tal naturaleza entre las partes.