Non-segregated social housing, or socially integrated housing, is a contemporary public policy challenge, known internationally as “inclusionary housing”. In this paper we discuss its progress and weakness in Chile, the only Latin American country that has developed a national policy for socially integrated housing. We will critically analyze two experiences developed in the country based on two internationally disputed policy approaches: Ribera Norte in Concepción, a place-based approach; and San Alberto de Casas Viejas in Santiago, a people-based approach. Strictly speaking both experiences mix these two types of support, but in different ways. Based on a comparative analysis of its achievements and limitations, we argue for the need to redesign the current social integration housing policy, in order to improve its capacity to confront processes of socio-spatial segregation, specifically the ghettoization of social housing and the expulsion of the new social housing outside cities.La vivienda social no segregada, o vivienda de integración social, es un desafío contemporáneo de la política pública. Se la conoce internacionalmente como inclusionary housing o “vivienda inclusiva”. En este artículo discutiremos sus avances y debilidades en Chile, el único país latinoamericano que ha llegado a tener una política nacional de vivienda de integración social. Analizaremos críticamente dos experiencias desarrolladas en el país con base en los dos enfoques de política hoy en disputa a nivel internacional: Ribera Norte en Concepción, basado en el apoyo a lugares; y San Alberto de Casas Viejas en Santiago, basado en el apoyo a personas. Veremos que, en rigor, ambas experiencias mezclan los dos tipos de apoyos, pero lo hacen de manera diferente. Con base en el análisis comparado de sus logros y limitaciones, argumentamos sobre la necesidad de rediseñar la actual política habitacional de integración social para mejorar su capacidad de hacer frente a los procesos de segregación socio-espacial, específicamente a la guetización de los conjuntos de vivienda social y a la expulsión de la nueva vivienda social fuera de las ciudades.