Uno de los postulados básicos de un Estado de Derecho que reconoce el principio de separación de poderes, es que los jueces son independientes de los poderes políticos e independientes respecto de todos los demás jueces y tribunales. Esa independencia se refiere también a que están sometidos exclusivamente a la ley y no a las instrucciones de otros órganos o tribunales. El modelo chileno de judicatura se construye bajo esas premisas. Sin embargo, al atribuir la Constitución y la ley el gobierno de la judicatura en última instancia a la Corte Suprema, con facultades para destituir o determinar la carrera de los demás jueces, ello se traduce que esos jueces no estarán vinculados solo a ley sino también a cómo la Corte Suprema ha interpretado dicha ley. El sistema jurídico chileno contiene regulaciones administrativas que pueden funcionar como incentivos para los jueces de base para seguir acríticamente las decisiones jurisdiccionales de los jueces supremos. Esta situación rompe con la concepción del Poder Judicial como poder difuso y afecta la independencia de cada juez o tribunal. Se necesita por tanto realizar reformas constitucionales y legales que atribuyan la administración judicial a un órgano que no sea tribunal de justicia.