Los escritos federalistas propusieron un modelo de gobierno en el que la participación de los ciudadanos no es necesaria ni conveniente para introducir cambios a la Constitución. Los legisladores y los jueces serían los responsables de adaptarla a contextos cambiantes. Sin embargo, la posibilidad de involucrar a los ciudadanos en una reforma extralegal del sistema político permaneció siempre latente en el principio de soberanía popular que los federalistas utilizaron para justificar la legitimidad de la Constitución de Filadelfia. Esta situación nunca se presentó en la experiencia constitucional americana a nivel federal pero ha sido frecuente en democracias que siguen el legado de los federalistas norteamericanos y enfrentan demandas de reforma institucional profunda. En este escenario, que prima hoy en varios países de América Latina, se torna imprescindible repensar un sistema de revisión constitucional que no brinda a los ciudadanos canales de participación para alterar o sustituir la Constitución de forma pacífica y legal.