: El trabajo revisa críticamente las tesis que asumen que los delitos informáticos tutelan un bien jurídico específico, propiamente informático. Sobre esa base, plantea que reconocer un interés de esas características se justifica si dichos delitos, además de incidir en el soporte lógico de un sistema informático, implican el uso de redes computacionales. Para definir su bien jurídico, el estudio reflexiona sobre las funciones que cumplen los sistemas informáticos para el libre desarrollo de la persona y las instituciones que están a su servicio en un Estado democrático de derecho.