RESUMEN: Se postula que el Poder Judicial es incompetente para controlar la decisión del Presidente de la República que declara un estado de excepción constitucional. A esta proposición subyace la idea de que hay supuestos en que los jueces no pueden invocar la Constitución como una norma directa e inmediatamente aplicable. Esto conlleva afirmar que el Presidente de la República tiene prioridad sobre el Poder Judicial para interpretar el texto constitucional en relación con las condiciones para decretar un estado de excepción.