Nuestra jurisprudencia laboral, tanto en sede administrativa como judicial, acostumbra invocar la noción de 'ciudadanía laboral' para proteger diversos 'derechos fundamentales' de los trabajadores, particularmente su privacidad y su honra. Esta práctica discursiva resignifica el concepto de ciudadanía, el cual normalmente remite a la inclusión igualitaria de todos los integrantes de una comunidad en la toma de decisiones relevantes para esta. Esta resignificación del concepto de ciudadanía parece no solo teóricamente innecesaria -y, en consecuencia, injustificada a la luz del principio metodológico de parsimonia- sino también programáticamente inconveniente. Convencer a los trabajadores de que su ciudadanía laboral está protegida cuando se les protegen intereses individuales obscurece la meta histórica -política y jurídica- de emancipar a la clase trabajadora. Tal emancipación solo se alcanzará una vez que la relación contractual entre trabajadores y empleadores haya salido del plano de la subordinación y dependencia para entrar en el de la inclusión igualitaria; esto es, en el de la ciudadanía.