En este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de la etapa preliminar de investigación del procedimiento penal, adecuados controles procesales sobre el ejercicio de la acción penal que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para la discrecionalidad en su ejercicio, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal.