El artículo se divide en dos partes. La primera es una crítica a las comprensiones de los derechos sociales que nos llevan a entenderlos como mínimos sociales. La propuesta de este artículo es que su correcto sentido nos exige una comprensión distinta: los derechos sociales se encarnan en instituciones de ciudadanía, que hacen posible el acceso universal e igualitario a ciertas prestaciones que son esenciales para el desarrollo humano. La segunda parte pretende impugnar la comprensión de que el derecho a la protección de la salud, tal como se encuentra consagrado en la Constitución, exige una estructura sanitaria equivalente a la que configura el régimen legal actual, con un sistema privado de seguros individuales y un sistema público de seguro social. La propuesta de este artículo es que una correcta interpretación de la Constitución permite y posibilita la configuración de un seguro social universal de salud, financiado con las cotizaciones de todos.