El anuncio de la madrugada del viernes 15 de noviembre de 2019, que inició el proceso de consulta para una nueva Constitución, lejos de poner fin a las movilizaciones, ha marcado un punto de inflexión. La lucha que se ha dado principalmente en las calles, las plazas y los espacios de reflexión, se terminó por instalar en el corazón de la institucionalidad política chilena. Con todas las falencias que tiene, el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución conforma la primera reacción desde el Estado en la dirección de dar una respuesta a la crisis por la que atraviesa nuestro país; una solución capaz de hacerse cargo de las causas del estallido social, en la medida que posibilita sustituir el actual sistema político. A pesar de la imagen de oasis económico que se ha querido proyectar, las cifras han demostrado desde hace tiempo que el nuestro es un sistema que agobia a quienes no estamos en la cúspide de la pirámide, ajenos al “oasis”, a quienes lo observamos desde afuera. La propuesta de un nuevo sistema político-económico presupone un nuevo pacto social, una nueva manera de plantear, incluso antes de la relación entre el Estado y los particulares, los términos según los cuales nos consideramos habitantes del país, el título según el cual cada uno pertenece a la nación.