The objective of this article is to analyze the transition process between second and third generation mining extractivism in Salaverna, municipality of Mazapil, Zacatecas, Mexico. The research hypothesis states that the expansion of third-generation mining extractivism is associated with the practice exercise companies with government support, which could involve violation of the Human Rights of the populations where they settle extractive ventures. The approach is made from the categories of extractivism and extractions, based on the analysis of the relations between local inhabitants, and the Mexican company Frisco. Documentary research techniques and fieldwork are used. The results shows that the transition between a second and third generation of extractivism does not involves only the increase in mining production, but the socioterritorial reconfiguration of space and the exercise of violent practices in rural areas by mining companies that have government protection, which influences the impairment of labour, environmental and even the Human Rights of the local population.Analizamos el proceso de transición entre el extractivismo minero de segunda y tercera generación en Salaverna, localidad rural del municipio de Mazapil, Zacatecas, México. La hipótesis de la investigación sostiene que la expansión del extractivismo minero de tercera generación está asociada al ejercicio de prácticas violentas por parte de las empresas apoyadas por el gobierno, lo que podría implicar la violación de los Derechos Humanos en las poblaciones donde se instalan los emprendimientos extractivos. El acercamiento se efectúa desde las categorías de extractivismo y extrahecciones, a partir del análisis de las relaciones entre habitantes locales y la empresa mexicana Frisco. Para ello, utilizamos técnicas de investigación documental y trabajo de campo. Los resultados muestran que la transición entre una segunda y tercera generación del extractivismo no solo implica el aumento de la producción minera, sino la reconfiguración socioterritorial del espacio y el ejercicio de prácticas violentas en zonas rurales por parte de las empresas mineras que cuentan con el amparo gubernamental, lo que influye en el menoscabo de derechos laborales, ambientales y hasta los Derechos Humanos de la población local.