España cuenta con una tradición jurídica que ha buscado la protección y conservación de su patrimonio histórico y, por ende, de su patrimonio bibliográfico; por lo que proponemos dicho marco legal como un modelo con el mismo propósito para Chile, con las inevitables adaptaciones a las realidades política y administrativa de este país, y a la de sus fondos bibliográficos. Los principales fines que han perseguido los poderes públicos cuando se ha intervenido en dicho ámbito son político-ideológicos, económicos, científicos, educativos y estéticos., dando como resultado la adecuada regulación jurídica.