Para imputar responsabilidad a los administradores societarios deben concurrir los extremos previstos en la teoría general de la responsabilidad civil, esto es, la existencia de un acto antijurídico, la presencia de un daño, relación de causalidad y un factor de imputación. La existencia de un acto antijurídico presupone un comportamiento voluntario del administrador, realizado con discernimiento, intención y libertad. El acto debe ser, además, atribuible al administrador. Finalmente el acto debe ser antijurídico, por contrariar las disposiciones que integran el ordenamiento legal.