La finalidad de este artículo es profundizar en la tensión que implica, por una parte, el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a opinar en todo lo que les afecte y ejercer un rol activo en su sociedad y, por otra, el derecho a ser protegidos por parte de los adultos, de un modo respetuoso. Protección que, sin embargo, muchas veces corre el riesgo de expresar la imposición adultocéntrica sobre el grupo social que constituye la infancia, a quienes se les relega mediante prácticas culturales y decisiones políticas. Muestra de ello ha sido la sistemática reticencia a armonizar la legislación nacional de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Chileno hace veinticinco años. Finalmente, se reflexiona sobre las implicancias que tiene este nuevo enfoque para la educación y las oportunidades que se vislumbran para la escuela ante el nuevo escenario